El fallecido notario de Machala, José Cabrera, manejaba cifras equivalentes al siete por ciento de los depósitos de la banca. Mucha gente dejó de trabajar para vivir de los altos intereses

De acuerdo al rubro “saldo actual” de la lista de inversionistas del notario José Cabrera que llegó a Ecuavisa, eran 318 millones de dólares los que mantenía el funcionario público en su poder.
Eso equivale nada menos que a la suma de depósitos en cuentas de ahorro y corrientes de un banco como el Bolivariano, ubicado entre los cinco mayores del país.
Y mientras un banco cualquiera para captar esa suma necesita abrir oficinas en una veintena de ciudades, Cabrera usó una sola que, además, era una dependencia pública.
Lo hizo apenas con seis empleados y cero publicidad. ¿Cómo lo logró? El listado de origen incierto pero cuya veracidad nadie ha cuestionado, está cortado a septiembre de 2005 y registra movimientos de los 31 meses anteriores.
Es decir, desde marzo de 2003 en que al parecer empezaron a elaborar una base de datos electrónica del dinero.
La notaría atendía de lunes a sábado y llegó a registrar un flujo de 400 clientes al día, es decir, uno por minuto.
Cada uno de los perjudicados tenía invertido un promedio de 13 mil dólares.
Ellos acudían cada dos o tres meses –cumpliendo un cronograma estricto– a cobrar los intereses, a reinvertir el dinero o en muy pocos casos a retirarlo.
La cifra real de perjudicados es absolutamente desconocida debido a que muchos de los que aparecen en los listados no son más que intermediarios de otros ahorristas.
Por ejemplo, Julio Alfonso Ramón Armijos, domiciliado en Pasaje, de profesión militar. Ramón empezó el ahorro en abril de 2003 con nueve mil dólares y se entusiasmó tanto que se encargó de regar la noticia entre sus compañeros de armas, activos y pasivos.
Cada mes recogía entre 10 y 20 mil dólares más. En los registros aparece con seis códigos diferentes que al parecer servían para separar el dinero de acuerdo al origen de sus contactados.
A Ramón, el notario le reconocía el nueve por ciento de interés mensual, mientras él a su vez se marginaba dos o tres puntos por la intermediación.
La mayor inversión la hace en marzo de 2005 cuando logra reunir 215 mil dólares que lo catapultaron como el mejor cliente de Cabrera con un total de 554.780 dólares.
Otro caso de intermediación es el de Ángel Germán Apolo León, presidente de la Cooperativa de transportes urbanos Ciudad de Machala que llegó a tener a su nombre 450 mil dólares.
Apolo había ingresado al sistema con 18 mil dólares recién el nueve de febrero de 2005. El primer mes recibió el 10 por ciento, equivalente a 1.800 dólares de intereses, pero a partir del segundo mes le pagaron nueve por ciento.
Para mayo, y tras tres meses de probar exitosamente el sistema del notario, Apolo convence a los 160 socios de su cooperativa para que se unan al lucrativo negocio.
Es así como el 13 de mayo, ingresan a las bóvedas de la notaría 107 mil dólares de los ahorros de los buseros de Machala.
Pero la cosa no quedó allí. Hasta julio los cooperados habían ya completado 450 mil dólares y pactado un interés mensual del ocho por ciento.
Según el gerente de la cooperativa, “solo usando los intereses hubieran podido renovar la flota”.
Tampoco faltaron ciudadanos como el manabita Eduardo Flores quien hizo un préstamo a una cooperativa de Ahorro y convenció a cinco familiares para que hicieran lo mismo.
Reunió 25 mil dólares, los envió a una de sus cuñadas que vive en Machala para que a su vez los invierta en la notaría. Eduardo, embriagado por los nuevos ingresos hasta dejó de trabajar, ahora no sabe cómo enfrentar las deudas que contrajo y menos cómo les explicará a sus hijos la debacle que se avecina.

Falta lo peor
Cada uno de los registros del Notario tiene tanto el número de cédula cuanto un número telefónico de los clientes.
De acuerdo a la cédula, no hay provincia del país que no tenga a alguno de sus hijos enlistado.
La lista la encabezan los orenses con el 41 por ciento de los involucrados.
Pero si analizamos las series telefónicas descubrimos que el 67 por ciento de los afectados habitan en las provincias del sur, esto es El Oro, Azuay, Cañar y Loja. Tomando en cuenta la cifra más conservadora de las que se han divulgado, es decir 320 millones de dólares que suman los saldos actuales que constan en las listas reveladas, estamos hablando del siete por ciento del total de los depósitos en cuentas corrientes y ahorros del sistema financiero nacional.
Según un análisis hecho por Mauricio Orbe, director de investigación de Pulso Ecuador, “si todos los intereses pagados, unos 25 millones de dólares mensuales, se destinaran al consumo, la contracción del gasto en los hogares urbanos a escala nacional, sería de alrededor del dos por ciento”.
Si a la reducción del ingreso mensual se suma la falta del capital, nos enfrentamos a una crisis cuya secuela podría tardar un par de lustros en diluirse en esa región de la patria.
“En El Oro cada día había más gente que no trabajaba y se dedicaba a vivir solamente de los intereses del Notario”, aseguró una estudiante machaleña.
“En Piñas abundan las construcciones modernas y los carros último modelo que ya los están vendiendo”, comentó un ciudadano que aseguró no haber caído en la red.
De hecho Piñas podría ser la ciudad más afectada. A la cabeza está el alcalde roldosista Jaime Granda Romero, quien junto a dos de sus hermanos habrían acumulado 84 mil dólares, según el reporte divulgado.
“Dicen que a Piñas, el Notario le sacó el jugo”, comentan los pocos que hablan del caso que hizo de quien hasta octubre era uno de sus hijos más ilustres, sea hoy alguien a quien quieren volver a ver para cobrarle a las buenas o a las malas.
“La gente aquí sigue pensando que Cabrera está vivo”.

Posibles sanciones
Los uniformados directamente involucrados en el asalto a la notaría, que incluyó el uso de equipos, uniformes, armas y hasta aviones del Estado, ya han sido puestos en disponibilidad y seguramente serán separados de sus respectivas instituciones. Por su parte los casi 3.500 inversionistas uniformados, dependiendo del rango, verán complicado un futuro ascenso, “Sin perjuicio de las sanciones civiles a que se hicieren merecedores”, recalcó el comandante de la FAE, general Edmundo Baquero.
Los más de 25 mil inversionistas prestaban su dinero al ocho o 10 por ciento de interés mensual.
La tasa máxima de interés activo establecida por el Banco Central a mediados de noviembre es 13,44 por ciento anual. Es decir nueve veces más baja que la que pagaba el notario Cabrera.
El Código Penal establece que “Es usurario el préstamo en el que, directa o indirectamente, se estipule un interés mayor que el permitido por la ley”. Agregando que “será reprimido con pena de prisión de seis meses a dos años, el que se dedicare a préstamos usurarios”.
Por su parte la Ley Trole II establece que se considerará delito de usura todo préstamo que supere la tasa máxima referencial fijada por el Banco Central.
A la sanción penal se suma lo dispuesto en el Código Civil. Si se han pagado intereses no estipulados, “podrán im****rse al capital”.
Es decir que, por ejemplo, quienes estuvieron cobrando 10 por ciento de intereses de un préstamo de 100 mil dólares, el capital debería rebajarse en 10 mil dólares por cada mes de vigencia de la operación.
Con este supuesto, todos los que tienen inversiones superiores a 10 meses ya no tendrían derecho a reclamar legalmente al Notario ni a sus herederos.
Pero si continuamos leyendo el Código Civil, llegamos al artículo 2115 que dice:
“El acreedor que pactare o percibiere intereses superiores al máximo permitido, perderá el 20 por ciento de su crédito que será entregado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para el Seguro Social Campesino”.
Si establecemos que el total de los préstamos vigentes era de 320 millones de dólares, el IESS está en el derecho de reclamar para sí al menos 64 millones de dólares.
Y detrás del IESS se debería presentar otro acreedor: el Servicio de Rentas Internas. Si, a groso modo, calculamos que el interés mensual repartido era de 25 millones de dólares, el impuesto im****do ascendería a 75 millones de dólares por cada año de operación de la red Cabrera.
En la práctica, los abogados piensan que la cantidad de perjudicados hará imposible tanto la imposición de sanciones cuanto las reclamaciones del SRI o del IESS.
Más aún si consideramos la ruina económica en la que muchos de ellos han quedado luego de la debacle. La decisión final entonces deberá ser política.